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Los límites de la sharing economy

La sharing economy, el consumo colaborativo o la economía participativa, vive en España uno de sus momentos más delicados. Junto a inapelables triunfos como los de BlaBlaCar o los de Airbnb, los últimos meses han sido también territorio abonado para sonados fracasos, como la expulsión ipso facto de Uber o el repentino cierre de la plataforma de limpieza a domicilio, EsLife.

Pero tanto en los proyectos que parecen más consolidados, como en aquellos que han tenido que replegar velas en España, la inseguridad jurídica y la falta de un marco regulador que establezca de forma clara las reglas del juego, se ha convertido en la principal amenaza.

No faltan los ejemplos. La semana pasada, tras más de cuatro años de actividad ininterrumpida en España, Cabify tuvo que responder ante los tribunales ante una demanda interpuesta por la Federación Madrileña del Taxi, que pedía la suspensión cautelar de su actividad, al considerar que la plataforma de alquiler de coches con conductor era competencia desleal para el sector del taxi.

Lo de menos es que el juzgado madrileño haya desestimado la demanda. Porque en realidad, no ha entrado a valorar el fondo de la cuestión. ¿Pueden ser las plataforma de vehículos VTC una alternativa válida y legal al sector del taxi? Y si es así, ¿Cómo equipararlas con un sector fuertemente regulado, con inspecciones periódicas y a cuyos profesionales se les exige una licencia de actividad que cuesta varios miles de euros? Lo mismo podríamos decir de los apartamentos frente a los hoteles, los coches particulares frente a los autobuses de línea y así, un largo etc.

Esta falta de regulación a todos los niveles,  no beneficia a ninguno de los implicados. Por supuesto no beneficia a los “actores tradicionales” que se encuentran ante empresas que aprovechan cierto vacío legal para “robarles” cuota de mercado; pero tampoco beneficia a las startups, que en realidad viven al “antojo” del regulador que o bien deja hacer, o bien se somete a las presiones de determinados lobbys.

El caso de Uber es el más evidente. Le llegada en tromba de su servicio UberPop disparó todas las alarmas.   Y en este caso,  si los taxistas consiguieron  expulsar a la empresa americana de prácticamente todos los países del viejo continente, estuvo más relacionado con la propia torpeza de Uber (que pensó erróneamente que en Europa se podía jugar con las mismas reglas que en Estados Unidos), que con cualquier otra cuestión.

Ahora que Uber empieza a explorar la posibilidad de volver a España bajo su marca UberX (en un modelo idéntico al de Cabify), se encuentra con que la falta de ese marco regulatorio o la aprobación de nuevas normas que limitan la actividad de los vehículos VTC, condicionan un marco hostil ya está alejando a España de las economías más avanzadas cuando hablamos de sharing economy.

El cierre esta misma semana de EsLife, como avanzábamos al principio de este artículo, sigue en esta senda marcada. La plataforma de limpieza valenciana, que contaba con el apoyo de aceleradoras como “Plug and Play” o “Lanzadera” pone fin a sus actividades después de al parecer, haber sufrido presiones por parte de la inspección de trabajo. Sus trabajadores, autónomos pero dependientes de forma exclusiva de esta startup, se encontraban en una zona gris, a merced de una sentencia que puede o no producirse.

Avanzar hacia la economía colaborativa de forma seria supone que el Gobierno que salga elegido por las urnas el próximo 20 de diciembre, debe tomarse en serio el fenómeno que ya representan las startups como motor del cambio en nuestro país, como lo hicieron en su momento en países como Estados Unidos o Reino Unido. ¿Hay motivos para la esperanza? Os espero en los comentarios.

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Uber contra Uber

Uber es uno de los servicios que más está dando de lo que hablar en los últimos meses. Su llega a a España a puesto en pie de guerra al sector del taxi, que ha conseguido una victoria parcial: en Madrid la administración podrá multar a los conductores que trabajen para Uber y está en fase de estudio la posibilidad de sancionar también a los pasajeros.

Esta misma semana en MuyPymes he publicado el artículo “¿Hasta dónde llega la responsabilidad de Uber?”, en el que analizo, más allá de la polémica y acusaciones de competencia desleal, qué supone para el usuario de a pie el confiar en este servicio.

Como veréis, lo primero que llama la atención es que al aceptar los términos de uso del servicio, descargamos a a compañía de cualquier responsabilidad sobre lo que pueda pasarnos. Es decir que si tenemos un accidente, no podremos demandar a la empresa. Si el conductor decide robarnos, como mucho podremos denunciar al conductor, pero la empresa se lava las manos de cualquier responsabilidad. Y aún peor, si nuestro conductor es en realidad un psicópata que decide secuestrarnos y violarnos, tampoco encontraremos en Uber un servicio que pueda ofrecernos garantía de ningún tipo.

El hecho de que todo esto suene bastante exagerado, no quiere decir me temo, que no tenga un poso de realidad. El pasado mes de agosto escribía en “Uber: secuestros y violaciones en el servicio P2P más popular” cómo  determinados conductores de este servicio, habían cometido todo tipo de tropelías.

Como siempre, esto es compatible con la afirmación de que en el 99,9% de los casos, los conductores de Uber proporcionan un servicio profesional, en ocasiones mejor al que pueden ofrecer los taxis de cualquier ciudad. Pero si tenemos en cuenta que al fin y al cabo la diferencia de las tarifas entre los primeros y los segundos no es tan alta, y que en un servicio de taxi contamos no sólo con un seguro de responsabilidad civil, sino con un profesional que tiene que cumplir con la normativa vigente (estado del vehículo, estado físico, formación, etc.) ¿Cuál es la necesidad de arriesgar?

Uber puede ciertamente tener más sentido en aquellas poblaciones en las que escasean los taxis, en las que hay que llamar por teléfono y esperar… pero en una ciudad como Madrid, en la que casi hay más taxis que coches particulares circulando por sus calles, se me hace difícil pensar que el peatón medio vaya apostar por solicitar un coche desconocido desde la App, antes que  sencillamente levantar la mano para parar un taxi, o incluso utilizar todas esas apps que permiten reservar un taxi de forma legal (Hailo, MyTaxi, Pidetaxi, etc.)

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El consumo colaborativo choca con la economía real

Consumo_colaborativo

Desde hace casi un año, sigo con atención casi todas las noticias que se producen en lo que ha venido llamándose como consumo colaborativo o economía colaborativa. Seguramente alguno de los que me sigáis en MuyPymes habréis tenido la oportunidad de leer la entrevista que mantuvimos con Vicent Rosso, CEO de Blablacar, y puede que hayáis leído artículos como “¿Participas en el consumo colaborativo?” o el más reciente “Desmontando cuatro mitos sobre economía colaborativa.

El movimiento, que ha pasado unos cuantos años desapercibido y casi oculto para el grueso de la sociedad española, vive actualmente una primera edad dorada. La crisis económica y en buena medida el avance imparable de la tecnología está provocando que servicios que antes se comunicaban de boca a oreja, estén disponibles para el grueso de la población.

En España como en muchos otros, Airbnb o la misma Blablacar actúan como punta de lanza de un fenómeno que rápidamente va calando en casi todos los estratos del sector servicios. No son ni mucho menos los únicos. Si echamos un rápido vistazo a un portal vertical como Consumocolaborativo.com descubrimos servicios prácticamente para todo: compartir coche, bicicleta, taxi, plazas de aparcamiento, conocimientos, centros de trabajo, casas, ropa y un largo etc.

Si triunfan estos servicios es porque cada vez son más usuarios los que o bien quieren hacer las cosas de una forma diferente, o bien porque se convencen de que para muchas cosas resulta mucho más práctico compartir y alquilar, que poseer y mantener, con todos los costes que ello conlleva. Incluso para trasladarse dentro de la ciudad, servicios de alquiler de coches por horas como Respiro, resultan más práctico que comprar un coche y preocuparse por todos sus costes asociados.

El inevitable choque con el lobby

Ahora bien, en muchos casos los servicios de economía colaborativa se mueven en una zona gris en la que todavía no se ha entrado a legislar. Lo cual ha provocado el malestar de empresas, asociaciones y lobbys muy establecidos. En el caso de Airbnb, que permite que los particulares puedan alquilar su casa por días, ha sido el lobby hotelero de ciudades como Nueva York el primero en reaccionar. Como veremos más adelante la acusación que se le hace a este tipo de servicios es “competencia desleal”.

La premisa de la que parten es simple desde el punto de vusta de las empresas que acusan: una entidad se está lucrando de una actividad económica que aunque se produzca entre particulares y sólo actúen como intermediarios, no está regulada, ni tiene licencia para ello ni ofrece las “garantías” de cara al consumidor que se les exigen a las empresas “tradicionales”.

Vemos cómo la alarma también ha empezado a oírse en nuestro país. En MuyPymes os contábamos hace no demasiado que Fenebús,  la patronal que agrupa a empresas del sector del autobús ha presentado una denuncia ante el ministerio de Fomento para que, o bien se regule la actividad de Blablacar o se elimine la página, a la que acusan de “competencia desleal”.

Y un fenómeno similar está suceciendo con Uber en varias ciudades de Europa, donde las asociaciones de taxistas ya han conseguido algunas victorias legislativas para poner freno a una actividad que supone una amenaza directa a un modelo de negocio muy establecido.

Así que por un lado tenemos a ciudadanos que expresan su voluntad de organizarse y de consumir de una forma diferente, y por otro un grupo de empresas y asociaciones que de forma más o menos legítima luchan por defender unos derechos que consideran conquistados. ¿Cuál es la solución?

Mientras que los segundos muchas veces piden directamente la abolición de este tipo de servicios, los primeros se muestran partidarios de la regulación, de que se establezca un marco normativo común en el que puedan desarrollarse actividades de consumo colaborativo con total garantía para los usuarios.

Pero regular este tipo de actividades parece complejo. En primer lugar porque la casuística de cada tipo de actividad es diferente (no es lo mismo compartir coche que intercambiar casas). En segundo término porque pese a la aparente profesionalidad de estos servicios, no dejan de haber en la base una enrome maraña de relaciones informales que pueden estructurarse bajo cualquier otro paraguas en cualquier momento.

Tal vez sólo sea cuestión de tiempo. Y el tiempo pone a cada uno en su sitio.

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