Los límites de la sharing economy

La sharing economy, el consumo colaborativo o la economía participativa, vive en España uno de sus momentos más delicados. Junto a inapelables triunfos como los de BlaBlaCar o los de Airbnb, los últimos meses han sido también territorio abonado para sonados fracasos, como la expulsión ipso facto de Uber o el repentino cierre de la plataforma de limpieza a domicilio, EsLife.

Pero tanto en los proyectos que parecen más consolidados, como en aquellos que han tenido que replegar velas en España, la inseguridad jurídica y la falta de un marco regulador que establezca de forma clara las reglas del juego, se ha convertido en la principal amenaza.

No faltan los ejemplos. La semana pasada, tras más de cuatro años de actividad ininterrumpida en España, Cabify tuvo que responder ante los tribunales ante una demanda interpuesta por la Federación Madrileña del Taxi, que pedía la suspensión cautelar de su actividad, al considerar que la plataforma de alquiler de coches con conductor era competencia desleal para el sector del taxi.

Lo de menos es que el juzgado madrileño haya desestimado la demanda. Porque en realidad, no ha entrado a valorar el fondo de la cuestión. ¿Pueden ser las plataforma de vehículos VTC una alternativa válida y legal al sector del taxi? Y si es así, ¿Cómo equipararlas con un sector fuertemente regulado, con inspecciones periódicas y a cuyos profesionales se les exige una licencia de actividad que cuesta varios miles de euros? Lo mismo podríamos decir de los apartamentos frente a los hoteles, los coches particulares frente a los autobuses de línea y así, un largo etc.

Esta falta de regulación a todos los niveles,  no beneficia a ninguno de los implicados. Por supuesto no beneficia a los “actores tradicionales” que se encuentran ante empresas que aprovechan cierto vacío legal para “robarles” cuota de mercado; pero tampoco beneficia a las startups, que en realidad viven al “antojo” del regulador que o bien deja hacer, o bien se somete a las presiones de determinados lobbys.

El caso de Uber es el más evidente. Le llegada en tromba de su servicio UberPop disparó todas las alarmas.   Y en este caso,  si los taxistas consiguieron  expulsar a la empresa americana de prácticamente todos los países del viejo continente, estuvo más relacionado con la propia torpeza de Uber (que pensó erróneamente que en Europa se podía jugar con las mismas reglas que en Estados Unidos), que con cualquier otra cuestión.

Ahora que Uber empieza a explorar la posibilidad de volver a España bajo su marca UberX (en un modelo idéntico al de Cabify), se encuentra con que la falta de ese marco regulatorio o la aprobación de nuevas normas que limitan la actividad de los vehículos VTC, condicionan un marco hostil ya está alejando a España de las economías más avanzadas cuando hablamos de sharing economy.

El cierre esta misma semana de EsLife, como avanzábamos al principio de este artículo, sigue en esta senda marcada. La plataforma de limpieza valenciana, que contaba con el apoyo de aceleradoras como “Plug and Play” o “Lanzadera” pone fin a sus actividades después de al parecer, haber sufrido presiones por parte de la inspección de trabajo. Sus trabajadores, autónomos pero dependientes de forma exclusiva de esta startup, se encontraban en una zona gris, a merced de una sentencia que puede o no producirse.

Avanzar hacia la economía colaborativa de forma seria supone que el Gobierno que salga elegido por las urnas el próximo 20 de diciembre, debe tomarse en serio el fenómeno que ya representan las startups como motor del cambio en nuestro país, como lo hicieron en su momento en países como Estados Unidos o Reino Unido. ¿Hay motivos para la esperanza? Os espero en los comentarios.